Hace varios días se convirtió en noticia el caso de una adolescente, de la localidad de Panambí, de 17 años, cursando un embarazo a término (madre ya de un hija de 9 meses), que hace un anuncio de adopción para el futuro bebé en un grupo de compra-venta de Wathsapp. El hecho se presenta como paradigmático a raíz de varias aristas que dan cuenta de todo un cuadro de situación de desamparo y violencia en que se encuentran las mujeres, y en especial las más jóvenes y pobres, en nuestra provincia.
En primer lugar surge con claridad la responsabilidad del Estado, que priva a amplios sectores de la población de educación sexual: en las escuelas públicas de Misiones la educación sexual brilla por su ausencia, salvo en casos muy puntuales producto de la inquietud e insistencia de los docentes. Por otro lado, el estado provincial, por medio de sus instituciones de salud y asistencia social, normaliza el embarazo adolescente y precoz. Hay que señalar que la provincia lidera los índices de adolescentes y niñas embarazadas del país (en el caso de las niñas, producto de abusos generalmente ya que, por la edad, en la mayoría de los casos no estarían en condiciones de prestar consentimiento válido para la relación sexual), ubicándose así en 10 puntos porcentuales por encima de la media nacional según el informe de UNICEF del año 2017. Los casos se cuentan de a cientos y que, como éste en particular, nunca son abordados a tiempo y si lo son, la intervención estatal viene a acentuar la situación de vulnerabilidad de éstas jóvenes. Ésto es así porque a todo el cuadro hay que sumarle la precarización de la asistencia materno-infantil en las zonas alejadas de los grandes centros de salud.
En segundo lugar, el intento de idealizar la adopción y posicionar este caso como ejemplo heroico de una jovencita que “gracias a Dios no abortó” según palabras de la abogada de la Fundación Grávida, una organización católica “provida” (pro-feto) que busca «tutelar» a las mujeres que pretenden abortar. Los medios locales -uno de los cuales se animó a filtrar audios de la adolescente que explicaba su situación- la revictimizaron y la expusieron, al revelar las razones de su decisión y ponerlas en tela de juicio de manera tendenciosa y sensacionalista y así desplegar de manera solapada una campaña contra el aborto legal. Fogonearon de esta manera el discurso que desvirtúa el concepto del derecho del aborto y lo coloca en contraposición a la adopción, que más allá de la complejidad del proceso judicial y las mafias de tráfico de bebés que giran en torno, sigue siendo competencia de la mujer gestante dicha decisión. Una y otra vez escuchamos a los voceros del clero católico e iglesias evangélicas, vociferar sobre la adopción como salida o solución para los casos de embarazos no deseados. La realidad es que para el sistema judicial, que tiene en su haber una lista enorme de niños y niñas institucionalizados, la adopción es la última opción, ya que se prioriza que el niño o niña se críe con la madre (reconstruir lazos maternos) o con su familia de sangre. Estamos ante la negación de la mujer como sujeto de derechos para ser tratada como una especie de incubadora sin derecho ni a la autodeterminación ni a la opción de ejercer en este caso la maternidad, que debería ser una decisión libre y conciente con todas las condiciones materiales para llevar adelante el proceso de gestación y posteriormente la crianza.
El estado tiene la obligación de garantizar las condiciones para que la decisión de tener un hijo o no, pueda tomarse en libertad. Ésto es lo que venimos reclamando hace décadas y con ello tiene que ver el programa de reivindicaciones que levanta el movimiento mujeres.