La Asesora Legal de la Defensoría del Pueblo, Yamila Gamez, fue contundente en su exposición sobre el deficiente servicio que presta Capital del Monte, mientras que la electa Defensora Adjunta, Luciana Barella hizo referencia a cuantiosos subsidios que recibe la empresa y por esta razón solicitó que el incremento del valor, sea lo menor posible.

Al inicio de la jornada, el primer orador fue el representante de la empresa Capital del Monte Facundo Zárate, quien solicitó el restablecimiento del cuadro tarifario fijado por el Concejo Deliberante en julio del año 2021, cuestión que indicó cubriría el desfasaje por la inflación desde noviembre del año 2019 hasta junio del año pasado, señalando que además esto se acumula a las actualizaciones que consideró insuficientes, desde el año 2014.

Zárate manifestó que durante todo este tiempo, Capital del Monte sufre una persecución que imposibilitó el crecimiento de la Empresa en perjuicio del Sistema de Transporte de Oberá, “es por eso que en todas las Audiencias Públicas, la concesionaria deja sentado su justo reclamo en tal sentido para que el poder concedente tenga en consideración, contemple y reconozca los atrasos recurrentes, cumpliendo así y solo así, con el contrato vigente”.

El representante del Gobierno de la Ciudad, Fabián Pizzutti, se encargó de presentar un diagnóstico de los componentes que afectan el boleto, y explicó que desde el Municipio se está pensando una nueva forma de transportarse, que se verá reflejado a partir de la nueva concesión.

“Estamos trabajando en el nuevo contrato de Licitación del Transporte Público de Colectivos de Pasajeros para Oberá. Priorizando la participación de todos y todas, desde el Deliberativo, instituciones interesadas y como único fin de brindar un mejor servicio para el usuario con toda la transparencia, para que el pueblo de Oberá se sienta partícipe de un hecho histórico para la Ciudad”, señaló Pizzuti.

A su turno y en representación del Departamento Jurídico de la Defensoría del Pueblo, Yamila Gámez Rodríguez  manifestó que es necesario un sinceramiento tarifario luego de varios años de retraso, pero si se discute el  aumento de precios, debemos indefectiblemente discutir la calidad del servicio prestado. “No se puede seguir condenando a la ciudadanía a utilizar un servicio de transporte deficiente, en malas condiciones, que no se adecua a las necesidades mínimas del viajero y que ni siquiera cumple con las características de servicio público, en tanto a la igualdad, a la continuidad y a la regularidad”, expuso Gámez en su intervención.

Por otra parte entre los expositores que participaron de la Audiencia Pública, la electa Defensora del Pueblo Adjunta Luciana Barella enumeró las que considera faltas de parte de la Empresa en cuanto a la calidad del servicio que brinda y señaló, “sea cual fuere la decisión que el Concejo Deliberante tome acerca del incremento de la tarifa del transporte público de pasajeros, procuren que de realizarse la misma sea el menor posible, debido a los cuantiosos subsidios que la empresa ya recibe y el deficiente servicio que presta”.