En los últimos días una serie de provincias comunicaron a sus usuarios de electricidad o dijeron en público que el Gobierno Nacional había cancelado la Tarifa Social en sus distritos. Mientras que los funcionarios de Cambiemos, salieron a desmentir la versión indicando que la información de la cancelación es falso.

Desde este año se acordó con la mayoría de los gobernadores que la Tarifa Social de electricidad (y también del transporte público) es responsabilidad de cada una de las provincias.

A cambio, el Gobierno Nacional incrementó las transferencias a los distritos y les permitió aumentar sus recursos propios.

La Tarifa Social de electricidad (y también del transporte público) es responsabilidad de cada una de las provincias.

A continuación, una explicación más detallada del acuerdo:

El traspaso de subsidios a la tarifa social eléctrica y del transporte fue firmado por el 80% de las provincias (19 gobernadores) en la adenda al Consenso Fiscal 2018.

Firmaron: Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan, Córdoba, Neuquén, Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esta adenda fue votada en el Congreso de la Nación en el marco de la discusión y sanción del Presupuesto 2019.

En la adenda se establece que a partir del 1 de enero de 2019  cada jurisdicción define: la tarifa eléctrica diferencial en función de las condiciones socioeconómicas de los usuarios residenciales y las compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte público de pasajeros por automotor desarrollados en sus respectivas jurisdicciones.

A partir de la firma del Consenso Fiscal y la votación del Presupuesto en el Congreso el 100% de la tarifa social quedó a cargo de las provincias.

El Gobierno Nacional ya no decide quién recibe la Tarifa Social de electricidad.  Las provincias son las que distribuyen la electricidad a los hogares y conocen mejor a sus usuarios.

Para afrontar este gasto, las provincias fueron compensadas casi en 90.000 millones de pesos (a través de varios mecanismos), que también incluye el subsidio al transporte.