Rodríguez fue invitada a exponer sobre la problemática de salud mental en una clase abierta, organizado por docentes en lucha, en la Ciudad de Oberá y llevó cifras que estremecen: entre febrero del año pasado y enero de este año se registraron 75 casos de intentos de suicidio atendidos en la zona, de los cuales 12 terminaron en muerte, “son datos que asustan”, afirmó, al tiempo que vinculó estas cifras con un proceso sostenido de padecimiento social y laboral.

La enfermera señaló que el deterioro no impacta solamente en la población general, sino también en quienes están al frente del cuidado sanitario, “hoy estamos viendo que los compañeros y compañeras no están bien”, subrayó en la entrevista para el programa Conectados que se emite por Fm sonica.

Según explicó, el malestar no responde únicamente a la cuestión salarial, aunque los bajos ingresos profundizan el problema. También influye la imposibilidad de dar respuestas adecuadas ante la creciente demanda: faltan medicamentos, los programas sanitarios se reducen y los equipos trabajan con planteles incompletos.

La consecuencia es directa, profesionales agotados, turnos saturados y menor capacidad de detección temprana de patologías que requieren intervención urgente, “no podemos hacer guardias de 24 horas todos los días. Las prestaciones necesitan que estemos despiertos”, remarcó.

Turnos a dos meses y hospitales desbordados

El colapso se percibe en la atención cotidiana. Conseguir un turno con un especialista puede demorar hasta dos meses. En tanto, en los hospitales públicos es habitual ver filas de hasta 250 personas esperando ser atendidas durante la mañana.

“El sistema está colapsado”, resumió Rodríguez, quien advirtió que la inversión en salud no crece en proporción al aumento demográfico. A esto se suma un fenómeno creciente, personas con obra social que recurren igualmente al sistema público porque no pueden afrontar los copagos o adicionales que exige la cobertura privada.

La combinación de mayor demanda y menos recursos dibuja un panorama preocupante hacia el interior de los hospitales.

Malestar salarial y sensación de exclusión

El conflicto se profundizó tras un anuncio del gobierno provincial que dejó afuera a los trabajadores de la salud de los aumentos salariales otorgados en febrero a otros sectores estatales. El compromiso oficial, indicó Rodríguez, es convocarlos recién en marzo.

La medida generó fuerte descontento, “quedó esa resonancia de que tuvimos un papel preponderante cuando la humanidad la estaba pasando peor, pero una vez superada esa etapa volvimos a ser los desconocidos”, expresó, en referencia al rol que el personal sanitario desempeñó durante la pandemia.

El último aumento salarial del sector, recordó, se otorgó en septiembre del año pasado. Desde entonces, la inflación y el incremento del costo de vida deterioraron aún más el poder adquisitivo, en un contexto donde los trabajadores ya se encuentran sobrecargados y sin margen para sumar más horas laborales.

Una crisis que impacta en la atención

La advertencia de Rodríguez no se limita a una reivindicación gremial. La preocupación central es el impacto que el desgaste profesional y la precarización tienen en la calidad de atención.

Si faltan programas, medicamentos y personal, y si quienes sostienen el sistema trabajan exhaustos y con incertidumbre económica, la capacidad de contención se debilita. Y en un contexto donde los indicadores de salud mental muestran señales alarmantes, esa fragilidad puede tener consecuencias graves.

“Es bastante triste lo que se vive hoy hacia adentro de los hospitales públicos”, concluyó la enfermera, dejando planteado un interrogante urgente: cómo sostener el derecho a la salud en un sistema que evidencia signos claros de agotamiento.