Los Defensores y Defensoras del Pueblo de Misiones,  se reunieron en la sede de la Defensoría de la ciudad de Posadas, dónde Alberto Penayo, fue el anfitrión, recibiendo a sus pares, Patricia Nittmann de Oberá y Carlos De Lima de San Vicente.

En el documento logrado explican que han observado, gracias al trabajo territorial y de los datos estadísticos revelados en campo, como también los brindados por organismos estadísticos públicos y de la sociedad civil, la existencia de barreras estructurales que impiden a miles de familias misioneras, la asequibilidad a una ciudad más inclusiva.

Esto significa que es necesario que el Estado garantice a todos los misioneros y las misioneras, sin distinciones, la posibilidad de regularizar la tenencia de la tierra y facilitar el acceso formal a los servicios públicos esenciales: agua potable, saneamiento, energía eléctrica y conectividad digital.

Además en conferencia de prensa, explicaron que realizaron un relevamiento por la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Posadas en este año 2020, detectando más de 80 barrios populares cuando la ley enumeró más de 70 para la capital, 63 para Oberá y 26 para San Vicente.

Para la custodia de que se empiece a cumplir con la cobertura de las necesidades, se ha creado la ley 27.453 de integración socio urbana tiene nuestra provincia.

Esta ley 27.453, constituye un avance importante en la eliminación de las desigualdades territoriales, ya que destina fondos para el financiamiento de proyectos de integración urbana y de regularización dominial, recursos que salen de los nuevos impuestos creados por el Congreso Nacional durante el 2020; pero esta ley necesita además de la acción institucional coordinada entre jurisdicciones mediante la firma de convenios entre nación, provincias y municipios para su implementación territorial así como de la expresión de una voluntad política clara que se traduzca en pronunciamientos que impulsen aquellas acciones institucionales para que avance la maquinaria estatal, direccionada en la meta de lograr, en acciones concretas, la eliminación de las barreras estructurales que señaláramos.

Por todo lo expuesto, solicitan a la máxima autoridad de la provincia, se prioricen aquellas acciones institucionales para que sean reformuladas las políticas públicas, con el fin de eliminar todas las barreras que impiden la asequibilidad a una ciudad más inclusiva para los misioneros y misioneras y comenzar a reducir la brecha de la desigualdad en el acceso a los derechos humanos, por lo pronto en nuestra provincia.