Hoy, pese a las denuncias -formales y mediáticas- y la presentación de un habeas corpus al que adhirieron diferentes organismos nacionales e internacionales y personas de ámbitos educativos, eclesiásticos y humanitarios, el hostigamiento continúa.

“Ese hombre… yo ya lo denuncié y entiendo que él ya no se puede acercar a nosotros, a mi Comunidad, pero ahora él está justo en la entrada, está terminando su casa”, comentó Leonardo Ramírez, mburuvicha (cacique) de Yvy Porã.

Cabe recordar que los violentos les cerraron el camino público de acceso a la Comunidad y los cercaron, por lo que se ven impedidos de salir, ya sea a buscar alimentos o cualquier cosa que necesiten, y además se encuentran vigilados y amenazados por estas personas, quienes ya destruyeron sus casas y dejaron solamente una en pie.

Además, la semana pasada -cuando llegaban para brindar apoyo-, dos miembros del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA) fueron brutalmente agredidos por uno de los hermanos que se dicen propietarios del lugar, por lo que se realizó una denuncia en la Comisaría de San Vicente.

Ayer, se pidió asistencia policial para ingresar a la Comunidad, teniendo en cuenta las represalias sufridas y el temor de volver a vivirlo, pero les fue negada.

“Pasamos por la comisaría para pedir que nos acompañen pero se negaron porque dicen que no tenían orden del juez, sabiendo que nos íbamos a exponer a estos violentos. Lo que llama la atención es la desigualdad y falta de apoyo. Sabemos que cuando no se trata de personas indígenas van, aunque no tengan ninguna orden”, lamentaron desde el EMiPA.

Hasta el momento no hubo intervención estatal de ningún tipo, a cambio solo hay un estremecedor silencio que no hace más que poner en riesgo la vida de todos los miembros de Yvy Porã, incluídos niños y ancianos. Una vez más, es necesario recordar que el Gobierno de Misiones es el responsable de lo que está sucediendo y lo será de lo que pueda llegar a pasar.

Equipo Misiones de Pastoral Aborigen