Desde la Defensoría solicitan que el Ejecutivo informe sobre obras a ejecutar en el 2.023
Teniendo presente que el Gobierno de la Ciudad de Oberá tiene planificado el presupuesto para el próximo año, desde la Defensoría del Pueblo, solicitan que desde el Ejecutivo informen al Concejo Deliberante, las obras que se ejecutaran con lo recaudado de impuestos en Oberá. Sin contar con las obras que se beneficia con fondos del estado provincial.
Por esta razón, presentaron una nota a la Intendencia de Pablo Hassan, dónde solicitan que, la Intendencia del Gobierno del Municipio de Oberá cumplimente lo establecido en la Carta Orgánica Municipal respecto de su obligación “remitir al Concejo Deliberante el proyecto de plan de obras y servicios públicos (artículo 136 incisos 19 y 18) previsto para el año próximo” para que el Concejo Deliberante pueda proceder a hacerlo público, analizarlo, modificarlo (si fuere necesario) y aprobarlo (artículo 111 incisos 16 y 19).
Conforme nuestra Carta Magna Municipal es facultad exclusiva de la Intendencia confeccionar y presentar el proyecto de plan de obras y servicios públicos, el cual debería haberse presentado conjuntamente con el proyecto de presupuesto de gastos y cálculo de recursos y el proyecto de ordenanza general tarifaria (todos ellos para el ejercicio financiero del año 2023).
Desde la entrada en vigencia de la Carta Orgánica Municipal, en el año 2013, existe la obligación por parte de la Intendencia (independientemente de las coyunturales gestiones) de confeccionar, presentar y hacer público en el Concejo Deliberante el Plan de Obras y Servicios Públicos, lamentablemente esa obligación en los nueve (9) años de vigencia de la Carta Orgánica aún NO se ha cumplido por ninguna de las gestiones que han desempeñado dicho órgano del gobierno municipal. Lo que puede ser fácilmente revertido si la Intendencia si lo presenta; dado que cuenta con dicho plan anual, pero no lo hace público ni lo somete a la obligatoria aprobación previa del Concejo Deliberante.
Cabe destacar que el accionar solicitado por la Defensoría del Pueblo, constituirá un salto de calidad institucional.











