Las familias del Paraje Sarandí 2 de Febrero, del Municipio de Puerto Esperanza, se vieron nuevamente presionadas y amenazadas para que desalojen sus chacras, por una fuerza policial de 22 efectivos, incluyendo personal de operaciones especiales.

Se logró frenar el desalojo ante la intervención del Movimiento Nacional Campesino Indígena, el Partido Agrario y Social, y el Movimiento Evita Misiones, quienes presentaron a la Justicia el reconocimiento e inscripción de los campesinos, en el Registro de Poseedores de la Provincia, por lo que solicitaron la suspensión de las medidas, amparados en la Ley XII Nº 32 de Suspensión de Desalojos, al verificar que se trata de una posesión única y destinada al sustento familiar.

Así lo denunciaron el dirigente del MNCI, Jorge Páez, junto al diputado Martín Sereno, del Partido Agrario y Social, y secretario general del Movimiento Evita Misiones, quienes señalaron que, en una actuación sin notificación previa, se presentaron los agentes junto al encargado de la empresa, Juan Carlos Ribeiro, que desde hace tiempo denuncia, amenaza y hostiga, con todo tipo de agresiones a las familias campesinas.

Las 45 familias son hostigadas permanentemente

Desde las organizaciones sociales manifestaron que «al parecer la Justicia no está dispuesta a no poner fin a la larga historia de sufrimiento de estas 45 familias que tuvieron el primer desalojo en 2011, cuando comenzaron las denuncias de la Empresa Robicué SA, que jamás tuvo presencia en el lugar. La única vez que apareció fue a través de una tercera empresa que taló y se llevó toda la madera comercializable, sin que las familias se opusieran por temor a sus amenazas y para no tener problemas. Y la empresa los denuncia sistemáticamente por robo de madera. Hasta lograron traer durante 2016 una inspección del Ministerio de Ecología para criminalizar a los pobladores, inspección que pudo comprobar que no hubo corte de maderas para la venta por parte de las familias, mucho menos de maderas protegidas», remarcaron.

El dirigente del MNCI, Jorge Páez, junto al diputado Martín Sereno recordaron que el 23 de diciembre de 2014, esta empresa representada por Ribeiro, utilizando a la fuerza policial, realizó otro desalojo, «golpeando a quienes no se resignaban a ver su trabajo y su vida arruinados, quemando las viviendas de madera, robando los animales que pudieron, destruyeron las cosechas de alimentos, corrales, galpones, y quemaron las casas con todo lo que había dentro», indicaron.

Lastimaron a los niños que por temor abandonaron la escuela

El Estado Provincial verificó la realidad de las familias, mediante visitas de la titular de la Subsecretaría de Tierras, y de personal del Ministerio de DDHH. Las familias denunciadas por usurpación, mostraron su sacrificado trabajo, sus plantaciones, sus animales, el aula que construyeron para la escuela, en un paraje que no cuenta con energía eléctrica ni tiene atención médica, con caminos en pésimas condiciones, y muchas otras dificultades.

Entre ellas, que Juan Ribeiro, además de presentarse a amenazar con desalojar a las familias, ingresa a las chacras sin pedir permiso, intimidando acompañado por personal policial, inventando denuncias que jamás puede comprobar; pero que significan una agresión permanente.

Algunas madres relatan que debieron sacar sus hijos de las escuelas cercanas, ya que «Riberio cruzó en el camino en reiteradas oportunidades a los niños que volvían de la escuela primaria para amenazarlos, incluso lastimando a algunos porque los obligaban a arrastrarse sobre ramas en el monte. Varios nos vimos obligados a dejar a nuestros niños con familiares que viven en los pueblos cercanos, para que no abandonen los estudios,y  por temor a que éstos matones puedan golpear e incluso abusar de ellos», se quejan.