En el barrio conocido como 10 viviendas, viven una situación de inseguridad en sus viviendas, porque hace 10 años que empezó con problemas en las paredes y con el pasar de los años se agravó la situación, con desprendimiento de la cabreada, generando que las paredes puedan caerse.

“Es muy difícil la situación, vivir así ya no se puede, siempre estamos a la expectativa de que nos brinden una respuesta favorable, mientras vivimos con miedo a que caiga la casa”, manifestó Micaela Cabriza.

Las viviendas fueron entregadas en el año 2006 por el Instituto provincial de desarrollo habitacional y a los tres años empezó a fisurarse las paredes, pero recién en el 2011 hicieron la primera queja al instituto, todo con un informe de un arquitecto que detalló las irregularidades.

Los años pasaron, sin respuesta alguna y en el 2016 nuevamente con los problemas a la vista, volvieron a realizar un informe y elevar a la cartera provincial, pero hasta el momento las casas siguen deteriorándose.

“Luego de los dos reclamos, vinieron, sacaron fotos, nos hicieron entrevistas, hablaron con todos los vecinos y se fueron, de allí no regresaron más a ver cómo estamos”, lamentó Felisa Fernández, otra de las vecinas afectadas.

En el mismo barrio, dos casas fueron ocupadas para salas de Nivel Inicial, pero ante el peligro de derrumbe y las paredes con descargas eléctricas, fue trasladada las salas a otro espacio y desde el Iprodha volvieron a entregar a dos familias las casas sin poner en condiciones habitables.

Ante esta situación los vecinos se pusieron de acuerdo e no pagar las cuotas hasta tener una respuesta, contratando a un abogado que los represente, teniendo presente que empezaron a recibir orden de embargo por las deudas que se generaron.