Este estamento público que cumple la función defender y asegurar los derechos de los ciudadanos de Oberá, solicitó informes, además, recomendó soluciones, pidió que se cumpla con lo establecido en la Carta Orgánica y requirió datos de las sanciones que tendría que hacer el Departamento Ejecutivo, a las empresas que prestan el servicio urbano de pasajeros.

Lamentablemente, las respuestas siempre fueron esquivas a informar las soluciones que se estudiaron para garantizar el servicio, como también es sorprendente la forma que encuentran para no informar las sanciones que se tendría que haber realizado por el incumplimiento de las empresas.

Para resumida cuenta, en estos últimos dos meses, junio y lo que transcurre de julio, se envió una comunicación a la Intendencia y por su intermedio a Movilidad Urbana en la que se requería que dentro de un plazo no mayor a 5 días se proceda a contestar el pedido de informes requerido el 20 de enero (procedimientos administrativos y sanciones que se hayan iniciado por incumplimiento de sus obligaciones a las empresas adjudicatarias de la licitación pública Nº 01/2022.

La respuesta llegó el 4 de julio, de manera ambigua y sin contenidos precisos. En esta instancia nuevamente se envió una comunicación exclusivamente al intendente, solicitando que en un plazo no mayor a dos días hábiles proceda a informar el informe vuelto a requerir acerca del listado de procedimientos administrativos sancionatorios que se hayan iniciado.

La respuesta llegó el 11 de julio al medio día con la información solicitada que está siendo evaluada por esta Defensoría.