Durante la mañana se reunieron en la Cooperativa eléctrica Limitada de Oberá, el Presidente de la institución, Pedro Andersson y parte del Consejo de Administración, junto al Intendente Carlos Fernández y varios funcionarios, junto a la Defensora del Pueblo, Patricia Nittmann y analizaron el trabajo en conjunto para ir brindando respuestas a los pedidos de los vecinos en los espacios usurpados.

«En 2016 eran 28 asentamientos y ahora son 63, lo más complicado son los 13 asentamientos que están en tierras privadas ya denunciadas en la justicia, pero no tuvimos respuestas, por lo que dada la situación de irregularidad, no es posible la prestación de servicios básicos como energía y agua a las personas que habitan estos espacios”, reconoció Carlos Fernández en conferencia de prensa.

La reunión se desarrolló en busca de encontrar una política para dar solución a los vecinos con las necesidades básicas insatisfechas, como ser energía y agua potable, pero además de otros servicios como aperturas de calles, cloacas y recolección de residuos.

El alcalde recordó que hay obras paradas por falta de trasladar a familias que viven a la vera de los arroyos, como el saneamiento del arroyo M´botaby, demás anunció que anoche le llamaron de Nación para informarles que estaba aprobado el proyecto para una obra del barrio Caballeriza, pero que también tienen familias que viven en espacios que debe ser parte de las obras y que ante esta situación pueden caer esos proyectos.