Presentaron un Proyecto de Ley de compromiso social de Urbanización y Regularización Dominial inclusivo en los Barrios Populares de Misiones. El mismo fue elaborado por el Diputado Rafael Pereyra Pigerl con el acompañamiento de la Vicepresidenta Natalia Rodríguez y otras Diputadas y Diputados del Frente Renovador, 

Temiendo en cuenta la Ley Nacional 27.453 – REGIMEN DE REGULARIZACIÓN DOMINIAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIO URBANA, y el compromiso con todo el Pueblo Misionero.

Mediante la iniciativa parlamentaria que lleva el «Expte 56530/21» se pretende crear por ley el “Programa de Urbanización y Regularización de Barrios Populares” destinado a familias que habitan los mismos en los Municipios de Misiones.

El Proyecto de Ley, se enmarca dentro de las normas nacionales, en especial, la legislación que Beneficia a los Barrios Populares. Entre ellas, la amparada por la Ley 27.453 – REGIMEN DE REGULARIZACIÓN DOMINIAL PARA LA INTEGRACION SOCIO URBANA -y sus decretos reglamentarios.- Ello para que en forma conjunta El Estado de la Provincia de Misiones, el Estado Nacional y los 77 MUNICIPIOS MISIONEROS, más, las Organizaciones Sociales y prestadores de servicios de agua y energía, trabajen en forma articulada en la la urbanización y regularización dominial de Barrios Populares Misioneros, en pos de la Integración Socio Urbana.

Las acciones que se desarrollen en cumplimiento del Programa están dirigidas a:
1) la regularización dominial, al saneamiento de títulos o a la ejecución de viviendas de carácter social;
2) mejorar las condiciones ambientales y sanitarias; la realización de obras de infraestructura para el acceso a los servicios básicos de agua potable, red cloacal y energía eléctrica;
3) la generación de espacios públicos para actividades recreativas y deportivas;
4) mejorar la accesibilidad y conectividad de los barrios al ejido urbano.

En el mismo, se ha delegado al Gobernado, a cargo del Poder Ejecutivo Provincial determine la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, que está facultada a dictar las normas reglamentarias necesarias para la implementación de la presente ley y tendrá las siguientes atribuciones:
1) transferir a título que corresponda los inmuebles incorporados al dominio privado de la Provincia por leyes de expropiación, por compra, donación o por cualquier otro título, destinados a la regularización dominial, al saneamiento de títulos o a la ejecución de viviendas de carácter social;
2) dejar sin efecto adjudicaciones de las viviendas sociales o lotes de carácter social ante el incumplimiento de las condiciones pactadas con los beneficiarios;
3) realizar el análisis, aprobación y seguimiento de los proyectos presentados por parte de las organizaciones sociales vinculadas a la problemática del hábitat social para la adjudicación y contratación de obras a realizarse en el marco de la presente ley.

Los trámites comprendidos en este proyecto de Ley estarán eximidos del pago de todo tipo de impuestos, tasas, y sellados provinciales, conforme lo establezca la reglamentación.

También se invita a los municipios a eximir del pago de tasas y contribuciones relacionadas a trámites que requiera el Programa creado en la presente ley.

Asimismo, se establece que cuando se utilice como base de cálculo la valuación fiscal del Impuesto Inmobiliario para la determinación de aranceles, escalas o tarifas de honorarios profesionales, comisiones u otras formas de retribución de los servicios realizados por operaciones, actos, contratos debe considerarse a todos los efectos la valuación fiscal o la base imponible del Impuesto Inmobiliario vigente al 31 de diciembre del año anterior.

Por último, se faculta a la Dirección General de Catastro a dictar disposiciones especiales para la ejecución de los trabajos de agrimensura relacionados con los lotes sociales y barrios populares que abarque el Programa creado por la presente Ley.

El Proyecto tiene como antecedente más cercano a la Ley 10738 de la Provincia de Córdoba sancionado el 30 de Diciembre del 2020.