La “Ley de fomento de la actividad cinematográfica nacional” que se construyó luego de años de debates con participación de sectores de la industria, del cine independiente y de los gobiernos provinciales, puede ser desarticulada de un plumazo y sin consultar a los sectores involucrados, en un claro gesto de autoritarismo del gobierno recién asumido.

En el texto, desmesurado y atípico por la cantidad de artículos y las materias que trata y en la que se destaca el pedido del presidente de que se le otorgue la suma del poder público, se quiebra la continuidad del financiamiento del INCAA y las formas de fomento de la actividad.

Considerando el presupuesto de ingresos del INCAA en 2023, implica una caída del 66% del monto disponible para el Fondo de Fomento Cinematográfico. Es la destrucción del sistema virtuoso que llevó a que la cinematografía argentina crezca en cantidad, calidad, diversidad y federalismo, además de una expansión notable en el mercado mundial del audiovisual.

Adicionalmente las producciones independientes, que se realizan a costos bajísimos y sin rentabilidad, son condenadas a la desaparición. Los fondos del fomento a la industria audiovisual no surgen de impuestos pagados por quienes no consumen ninguna de estas producciones, de modo que su eliminación no redundará en más recaudación ni en abaratamiento de los costos de las entradas o las cuotas de los sistemas de televisión paga.

“Consideramos gravísimo el vacío que se plantea respecto de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica. Su cierre implicaría el quiebre de un proceso de formación profesional que permite que hoy Argentina sea un lugar elegido para las producciones de todas las compañías globales”, manifiestan desde la entidad.

El nuevo proyecto propone que la totalidad del Consejo Asesor, que tiene que controlar los actos del Director, sea nombrado por él mismo. Así sea se elimina la participación federal y se deja que el responsable máximo del INCAA nombre a quienes lo deben controlar.

Se eliminan la cuota de pantalla para el cine nacional y toda regulación para la salas (calificación según su estructura y capacidad, cantidad de películas nacionales que tienen que proyectar por año); se minimizan los requisitos para que una película sea considerada nacional, abriendo la puerta a producciones no habladas en castellano; y se derogan sin más la mitad de los artículos de la ley vigente.

También queremos manifestar nuestro rechazo al cierre del Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional del Teatro, por el daño irreparable que significa para la cultura nacional, como también el cercenamiento de las capacidades que surgen de la modificación de las leyes de creación del Instituto Nacional de la Música y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.

Como Asociación de Cronistas somos parte de la totalidad de argentinos y argentinas, y creemos en la necesidad del fomento colectivo de los procesos culturales de cada región y cada comunidad en la que vivimos, como garantía de la sostenibilidad y vitalidad de nuestras identidades, así como al acceso federal, igualitario, diverso a los bienes culturales producidos en nuestra nación. Es por eso que nos manifestamos en defensa de los derechos de todas y todos los que habitamos este suelo a gozar de una cultura nacional, representativa de las diferentes expresiones que son parte de nuestra argentina.